Ya está en vigor desde el día 2 de octubre de 2016, si bien parcialmente y de forma progresiva por dificultades surgidas en su aplicación, pretendiéndose plena en octubre de 2018. Ello significa que ya estamos obligados, cuando así lo determinen las leyes, al uso de los sistemas electrónicos para nuestras relaciones con las Administraciones Públicas, para lo que deberemos hacer uso de los correspondientes sistemas de identificación y firma electrónica.
